El Gobierno de Argentina anunció una decisión que limita a seis meses la renovación de contratos de empleados estatales mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Esta medida ha sido tildada de "cruel e inhumana" por dirigentes sindicales, ya que condena a los trabajadores a quedarse sin empleo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. En este momento, el Gobierno presiona a los trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle.
La resolución, anunciada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, los obligaría a pasar a la PreUniversal de Acceso a la Medicina (PUAM). Actualmente, ese programa equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende a $279.443. Si bien incluye cobertura de salud a través del Pami, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva.
Para renovar estos contratos, los organismos deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse, en los casos en que tengan más de 30 años de aportes al sistema previsional. Una porción de los trabajadores alcanzados por la medida no reúne los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria, lo que los dejaría sin empleo y sin posibilidad de alcanzar esos aportes.
